«Choque de trenes». Esta es la expresión que se hizo popular en España para describir el enfrentamiento entre las instituciones estatales y las de Cataluña por el referéndum de independencia del 1º de octubre.
A pocos días de la votación promovida por el gobierno catalán y prohibida por los tribunales españoles, ese choque parece inevitable.
Y el ruido ensordece uno de los temas que mayor preocupación ciudadana producen tanto en Cataluña como en el resto de España: el de la corrupción, que salpica a los dos partidos que dirigen los dos gobiernos en rumbo de colisión.
El gobierno de Madrid está en manos del Partido Popular (PP). El catalán lo sostiene una coalición liderada por el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDECAT). Ambos tienen una ideología de centro-derecha.
De acuerdo con una reciente encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), organismo oficial encargado de sondear la opinión pública española, un 54,3% de los ciudadanos situó a la corrupción como uno de los principales problemas del país.
Solo un 2,6% mencionó una hipotética independencia de Cataluña.
La justicia española ha desplegado un gran dispositivo policial en Cataluña para evitar el referéndum del 1 de octubre.
Los escándalos de corrupción que han marcado la vida política española, incluida la catalana, en los últimos años fueron uno de los desencadenantes de las protestas y los cambios políticos que se produjeron en el país en los últimos tiempos.
La precaria situación de las arcas públicas desde el inicio de la crisis de 2008 empujó tanto al gobierno de Madrid como al de Barcelona a aplicar fuertes recortes en los servicios públicos.
Recortes en Madrid y Barcelona
Al mismo tiempo, los medios de comunicación se llenaron de informaciones sobre las investigaciones judiciales relacionadas con escándalos de corrupción que salpicaban tanto al PP como al PDECAT.
Dirigentes de las dos formaciones ahora enfrentadas por el referéndum de independencia desfilaban ante los jueces, agravando el malestar ciudadano que reflejan encuestas como la del CIS.
Pero desde hace meses los titulares sobre la corrupción y los recortes fueron sustituidos por los que hacen referencia al referéndum del 1º de octubre, que hasta un 70% de la población catalana apoyaría si fuera pactado con el gobierno de Madrid pero que la justicia española considera inconstitucional.
Hace unos días el famoso cantautor catalán Joan Manuel Serrat denunció ante los medios que la polémica por la independencia fue fomentada tanto por el gobierno central como el autonómico para »tapar años de recortes y de corrupción política».
La vida política española estuvo marcada en los últimos años por los escándalos de corrupción.
En uno de los casos de corrupción más destacados, la Audiencia Nacional de Madrid investiga desde hace años una trama de supuesta financiación irregular del Partido Popular.
Se trata del llamado caso Gürtel, por el que el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, tuvo que comparecer como testigo el pasado mes de julio.
En el bando independentista, la justicia también investiga diversas causas de comisiones ilegales en Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), el partido del que surgió el PDECAT y que gobernó Cataluña durante más de dos décadas.
También causó gran conmoción el escándalo de Jordi Pujol y su familia. Pujol, histórico líder nacionalista y líder de CDC que durante 23 años presidió el gobierno catalán, ocultaba una fortuna en paraísos fiscales.
Su hijo Oriol fue condenado por amañar contratos públicos. Varios de sus hermanos están también en el punto de mira de la justicia.
Desviar la atención
Durante años, Jordi Pujol se entendió con los gobiernos en Madrid y evitó abrazar el independentismo.
Algunos observadores afirman que el conflicto por la independencia fue aprovechado tanto por el PP como por PDCAT para desviar la atención sobre las supuestas prácticas ilícitas de sus dirigentes.
El periodista español Miguel Ángel Aguilar señala en conversación con BBC Mundo que «esto ha servido para tapar todos los robos que ha habido tanto en elgobierno central como en Convergencia».
Aguilar recuerda lo que juzga como victimismo de Jordi Pujol cuando la justicia comenzó a investigar su patrimonio.
Para este comentarista habitual en medios de Madrid y Barcelona, tras la polémica por el referéndum de independencia hay un intento deliberado de desviar la atención.
«En lugar de hablar de todos esos escándalos, estamos hablando de la identidad, del sentimiento y de no sé qué tonterías más», lamenta.
Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, fue otra de las figuras destacadas del PP cuyo gobierno se vio salpicado por la corrupción.
Aguilar también responsabiliza al partido del presidente Rajoy, igualmente afectado por casos de malversación y financiación irregular.
«Con su comportamiento han hecho un daño muy grave al proyecto de España y a las instituciones constitucionales. En un momento en el que la respuesta en Cataluña tiene que ser de las instituciones, al haber sido desprestigiadas estas, tienen menos fuerza», sostiene Aguilar.
El periodista argentino Martín Caparrós, por su parte, publicó recientemente un artículo en The New York Times que tituló significativamente «Cataluña: el viejo truco de la patria».
Caparrós afirma que «en ninguna otra comunidad española los recortes fueron tan brutales» como en Cataluña.
El periodista sostiene que el centro-derecha catalán solo abrazó el independentismo ante la magnitud de las protestas sociales que estosprovocaron.
Los casos de desvío de dinero público motivaron frecuentes manifestaciones de protesta.
«Toda la culpa, dijeron, era de Madrid. Y allí el gobierno de la derecha española, también golpeado por la crisis, vio la oportunidad y saltó sobre ella», dice el artículo.
El problema de Cataluña no es nuevo en la política española.
Desde que el país recuperó la democracia en 1978, las fuerzas catalanistas de centro-derecha se habían mostrado siempre partidarias de la autonomía, no de la independencia, y con frecuencia prestaron sus votos para que tanto la derecha como la izquierda gobernara en Madrid.
Los predecesores del PDECAT incluso dieron su voto en el Congreso de los Diputados para que el Partido Popular pudiera formar gobierno.
Giro hacia la independencia
Los estudiantes catalanes llevan días movilizados a favor del referéndum de independencia.
Pero con el estallido de la crisis económica de 2008, el gobierno catalán -igual que el español- se vio obligado a realizar importantes recortes de servicios públicos, al mismo tiempo que Madrid se negaba a negociar un nuevo régimen de financiación para Cataluña.
En la comunidad catalana se quejan recurrentemente de que aportan mucho más de lo que reciben del estado.
En esa época empezaron también a surgir escándalos de corrupción que salpicaron tanto al PP como al PDECAT, formación que se unió entonces a partidos de izquierda que exigían la convocatoria de un referéndum de independencia.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, (d), obtuvo los votos para ser investido a cambio de celebrar el referéndum.
El cordobés Julio Anguita, antiguo dirigente de la coalición Izquierda Unida, criticó en 2015 que los políticos independentistas quieren en realidad «tener manos libres y que los tribunales de Madrid no metan mano en sus robos, escarnios y cohechos».
Su visión del gobierno del PP no es más favorable.
Según él, «para desarmar el discurso tramposo» del independentismo, «hay que empezar por no ser uno un tramposo».
Anguita concluyó que «vamos a un choque de trenes, los dos trenes conducidos por auténticos mentecatos, insensatos y corruptos».
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