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Nunca antes un país del continente abandonó la Organización de Estados Americanos (OEA).
La decisión anunciada este miércoles por Venezuela de iniciar el procedimiento de desvinculación de la entidad multilateral es inédita desde la creación de la misma en 1948.
Cuba y Honduras, en diferentes momentos (1962 y 2009, respectivamente), llegaron a ser suspendidas en aplicación de la Carta Democrática de la entidad, pero no dejaron nunca de ser parte de la OEA.
Por ello la decisión del gobierno de Nicolás Maduro, tomada después de que el Consejo Permanente de la OEA aprobó realizar una reunión de consulta de cancilleres sobre la situación en Venezuela, abre una serie de interrogantes respecto a lo que puede pasar más adelante.
El anunció de la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, de no volver a participar «de ninguna actividad y de ningún evento» de la entidad a partir de ahora no es tan inmediata como parece.
Tal como la jefa de la diplomacia venezolana reconoció, se trata de un procedimiento que demora dos años, periodo en el que ese país -según la carta de la OEA- mantendrá las mismas obligaciones y responsabilidades que tiene cualquier otro miembro pleno de la entidad.
Además, para lograr la desvinculación definitiva, Venezuela tiene que saldar cualquier pago que tenga pendiente con la entidad y que fuentes señalan en más de US$8 millones.
Pero eso no es todo.
Constitucionalistas han puesto en duda que el gobierno de Nicolás Maduro pueda disponer la salida de la OEA de manera unilateral sin el aval de la Asamblea Nacional, pues la incorporación a esta entidad forma parte del marco normativo interno venezolano.
La decisión de desvincularse sucede después de más de un año de fricciones entre Caracas y el secretario general de la entidad, Luis Almagro, quien ha calificado al gobierno de Nicolás Maduro de una «dictadura».
Todo en medio de una crisis política que está a pocos días de cumplir un mes y que ya cobró la vida de 29 personas.
No antes de dos años
BBC Mundo conversó con el director del departamento de Derecho Internacional de la OEA, Dante Negro, sobre la situación en la que queda Venezuela después del anuncio de la canciller Rodríguez.
«La manera de desvincularse es denunciando a la carta de la OEA. Por ahora se hizo una declaración, pero la OEA no ha sido notificada oficialmente», explicó el funcionario.
Dante Negro agregó que «como en cualquier tratado internacional, existe un periodo en el cuál el país permanece vinculado».
En el caso de la OEA, el margen de tiempo antes de que Venezuela se pueda convertir en el primer país que abandona la entidad es de dos años.
El funcionario explicó que, durante ese lapso, el Estado venezolano tiene los mismos derechos y obligaciones de cualquier miembro en cumplimiento al artículo 143 de la carta de la OEA.
Es decir, Caracas debe mantener los compromisos asumidos al ratificar la carta de la OEA. respetar el derecho internacional y participar en los diferentes órganos que son parte de la entidad.
El director del departamento de Derecho Internacional de la OEA confirmó que, de concretarse, será la primera vez que un país se retira de la organización a través de una denuncia.
US$8 millones
Los compromisos económicos de Venezuela son otro aspecto que el gobierno de Nicolás Maduro deberá resolver antes de alcanzar la desvinculación.
El secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, Jean Michel Arrighi. explicó que Venezuela quedará desligada de la entidad tras el plazo de dos años y «después de haber cumplido con todas las obligaciones» estipuladas en la carta del organismo multilateral, tal como señala el artículo 143 de la carta de la organización.
Según la Agencia EFE, Venezuela mantiene una deuda que supera los US$8 millones relacionada con las cuotas que los países miembros realizan periódicamente.
Hasta diciembre de 2016, Venezuela adeuda por cuotas atrasada US$8.764.449, mientras que tampoco canceló los US$1.829.700 correspondientes a la cuota de este año.
El funcionario Dante Negro explicó que las cuotas que paga cada país son proporcionales y en atención a las capacidades de pago.
Durante el anuncio hecho este miércoles, la canciller Rodríguez no hizo ninguna mención al dinero que su país adeuda a la OEA.
¿Con o sin la Asamblea?
Venezuela firmó la carta de la Organización de Estados Americanos el mismo día en que fue adoptada, el 30 de abril de 1948 y ratificó el documento en diciembre de 1951.
El abogado constitucionalista venezolano Perkins Rocha señaló a BBC Mundo que esta situación imposibilita al gobierno de Maduro a abandonar unilateralmente a la entidad.
«De acuerdo a nuestra Constitución, los pactos internacionales como el de la OEA son parte del derecho interno del país», explicó el jurista.
Rocha añadió que el gobierno venezolano, sin consultar con la Asamblea Nacional, no puede disponer la salida de la organización pues la carta de la OEA es reconocida como parte de la legislación venezolana.
La Asamblea Nacional venezolana es controlada por la oposición, pero fue declarada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia, que por su parte la oposición considera al servicio del oficialismo.
Rocha es parte de una agrupación ciudadana llamada Bloque Constitucional, compuesta por exmagistrados, jueces, fiscales y académicos que demanda el reconocimiento a los tratados internacionales y el respeto a la Constitución.
Sostiene que una sola persona, en referencia a Nicolás Maduro, «no puede sacar a 30 millones de venezolanos del sistema interamericano».
La postura del gobierno
La canciller Rodríguez afirmó el miércoles que la decisión de retirar a Venezuela de la OEA fue de Nicolás Maduro y defendió su legitimidad.
El artículo 80 de la carta de la OEA establece que las representaciones ante la entidad serán hechas por los gobiernos de cada país.
La desvinculación de la organización comienza, según el artículo 143, con la «comunicación escrita a la Secretaría General», acto que la canciller Rodríguez anticipó que se realizará en la mañana del jueves.
Venezuela, además, tiene un antecedente similar que puede ser considerado a su favor.
Por decisión de Hugo Chávez, Caracas denunció en septiembre de 2012 a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y esa desvinculación se hizo efectiva un año después.
En aquella oportunidad, el entonces presidente venezolano tampoco consultó a la Asamblea Nacional (que controlaba el oficialismo), algo cuestionado por la oposición y los juristas del grupo Bloque Constitucional.
Desde entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sólo atiende casos sobre Venezuela anteriores a 2013 y posteriores a la creación de la Convención en 1981.
Aquella vez Chávez logró su objetivo, todavía falta mucho para saber si Maduro conseguirá seguir sus pasos.
