«Nosotros no queremos una Fuerza Armada que se pase a la oposición, queremos una Fuerza Armada que se pase a la Constitución».
Con esas palabras se dirigió el presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela a los militares de su país para pedirles tomar posición en el conflicto surgido entre el Poder Legislativo, controlado por la oposición, y el Ejecutivo, controlado por Nicolás Maduro.
La expresión, sin embargo, no pertenece al actual presidente de la AN, el diputado Juan Guaidó, quien el pasado 23 de enero se juramentó como presidente interino de Venezuela en un acto calificado por Nicolás Maduro como un »intento de golpe de Estado».
La frase corresponde a Julio Borges, el diputado que ocupó la presidencia de la AN en 2017 y fue pronunciada en el marco de la ola de protestas antigubernamentales que sacudieron a Venezuela ese año.
Su similitud con los llamados que dos años más tarde hace Guaidó revela no solo el estancamiento en el choque de poderes que vive Venezuela desde que en 2016 la oposición se hizo con el control de la AN, sino también el papel central que se le atribuye a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en la definición de la crisis que sacude a ese país.
La coyuntura ha cambiado. Mientras en 2017 las protestas respondían a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de despojar de competencias a la AN, en 2019 el descontento surge de la asunción por parte de Maduro de un segundo mandato presidencial para el que fue electo en unos comicios que la oposición tacha de fraudulentos.
Otra diferencia es que ahora el conflicto ha llevado a una alta implicación de la comunidad internacional.
Estados Unidos, la Unión Europea y la mayor parte de los países de América Latina han decidido desconocer al gobierno de Maduro, mientras que Rusia, China, Turquía y otros países de la región como Bolivia, Nicaragua y Cuba respaldan al mandatario chavista.
Pero hay cosas que, hasta ahora, no parecen haber cambiado: el apoyo de los militares a Maduro.
«Los soldados de la patria no aceptamos a un presidente impuesto a la sombra de oscuros intereses ni autoproclamado al margen de la ley. La FANB defiende nuestra Constitución y es garante de la soberanía nacional», respondió el ministro de Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino López, el día de la juramentación de Guaidó.
Por su parte, este martes el propio Guaidó publicó una columna en el diario The New York Times donde reveló: «Nos hemos reunido con militares y funcionarios de seguridad a través de canales clandestinos y hemos ofrecido una amnistía para aquellos que no hayan cometido crímenes de lesa humanidad».
Y repitió: «El retiro del apoyo militar a Maduro es decisivo para el cambio de gobierno y la mayoría de los efectivos militares y de las fuerzas de seguridad sabe que las actuales penurias son insostenibles».
Sin embargo, desde el 23 de enero, la única deserción pública en las filas del chavismo fue la del agregado militar de la embajada de Venezuela en Washington, coronel José Luis Silva Silva, quien grabó un video en el que anunciaba su reconocimiento al presidente de la AN como mandatario encargado de Venezuela.
Maduro, por su parte, ha dedicado los últimos cuatro días a realizar actos en los fuertes y cuarteles para demostrar el respaldo con el que cuenta entre los uniformados.
¿Cómo lo ha logrado?
Incentivos a la lealtad
Phil Gunson, analista principal del centro de investigaciones International Crisis Group, destaca que con la llegada al poder del fallecido presidente Hugo Chávez, los militares venezolanos salieron de los cuarteles para ocupar posiciones de mando en otras áreas.
«Antes los uniformados estaban más o menos confinados en las barracas, pero Chávez los dejó salir y les dio acceso a puestos en el gabinete, así como al control de bancos y otros servicios financieros», le comentó Gunson a la BBC.
Rocío San Miguel, directora de la ONG venezolana Control Ciudadano, señala que el chavismo ha usado tres vías diferentes para asegurarse el respaldo de los militares. Uno de estos es lo que denomina como «incentivos a la lealtad».
«Es una ruta que ya había adelantado Chávez desde su ascenso al poder y que significó, en primer lugar, incorporar a los militares en actividades de la burocracia, en las que se manejan enormes cantidades de dinero. Es un mecanismo que se ha perfeccionado en el gobierno de Maduro, quien lo plasmó muy claramente con el aumento de ministros en el gabinete», dice San Miguel en conversación con BBC Mundo.
Según cifras de Control Ciudadano, los ministros uniformados en el gobierno de Maduro pasaron de representar 25% del gabinete a 48%, entre 2014 y 2017.
La experta indica que, en 2018, ese porcentaje se redujo nuevamente a 25% debido al cambio en la situación del país.
«A los militares ya no les interesan los cargos burocráticos porque en los ministerios ya no hay dinero. Entonces, la línea política de los incentivos económicos a la lealtad empezó a gestionarse a través de tres líneas vinculadas a la burocracia: la petrolera estatal Pdvsa, que la dirige un general de la Guardia Nacional; la estatal minera Camimpeg, que está bajo un general del Ejército; y la administración de la Gran Misión Abastecimiento Soberano (GMAS), que la dirige directamente el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López».
San Miguel destaca que la GMAS está a cargo de la importación de alimentos al país, algo que implica gestionar grandes cantidades de divisas, mientras que Camimpeg, fue creada en 2016 y su manejo fue entregado por 50 años a la Fuerza Armada Nacional, cuyos efectivos conforman toda su estructura.
Vigilar y castigar
La llegada de Chávez al poder también significó, según Gunson, la aplicación de una purga dentro de las FANB con el fin de garantizar que los altos mandos estuvieran alineados con sus ideas de izquierda.
Esta criba no se hizo de un solo golpe sino que fue progresiva y tuvo distintos momentos.
A lo largo de estos 20 años muchos altos oficiales que podían ser críticos con la semilla ideológica que el chavismo intentaba sembrar en los cuarteles fueron pasando a retiro. Algunos silenciosamente y otros de forma estruendosa, como el general Raúl Isaías Baduel, quien fue el responsable de restituir a Chávez en la presidencia cuando este fue derrocado en 2002 y luego fue su ministro de Defensa.
Baduel (derecha) fue el responsable de restituir a Chávez en la presidencia cuando este fue derrocado en 2002 y luego fue su ministro de Defensa
Durante su discurso de pase a retiro, en julio de 2007, Baduel formuló críticas al capitalismo de Estado y rememoró el fracaso del socialismo real, lo que fue el primer indicador público de que se abría una brecha entre él y Chávez.
Meses más tarde, se opuso al proyecto de reforma constitucional que impulsó el mandatario para establecer, entre otras cosas, la reelección indefinida.
No mucho tiempo después, la Fiscalía Militar abrió una investigación en contra de Baduel, quien fue detenido en 2009 y condenado a ocho años de cárcel por actos de presunta corrupción. Él atribuyó la sentencia a sus críticas al gobierno. «Soy un preso de Chávez», dijo.
De acuerdo con Rocío San Miguel, los militares venezolanos están sometidos a la vigilancia del aparato de inteligencia y contrainteligencia que se usa para detectar a quienes tienen alguna actitud contraria a la revolución chavista, quienes luego sufren las consecuencias.
«En una primera etapa eso significaba la separación de cargos y la falta de asignación de cargos a oficiales. Posteriormente, vino la adopción de resoluciones mediante las cuales dieron de baja de forma masiva a los militares. Eso no tenía precedente en la historia contemporánea. Y en los últimos años incluso la privativa de libertad para algunos grupos de oficiales de manera ejemplarizante», comenta la experta.
«Maduro avanzó en una etapa más profunda que fue la de la extendida criminalización. Privó de libertad a muchos efectivos, la mayor parte de ellos por delitos políticos e incluso el año pasado llegó a un hecho inédito que fue degradar y expulsar de la FANB a oficiales de comando por delitos políticos. En el pasado, las degradaciones solamente ocurrían por casos de drogas», apunta.
Según cálculos de Control Ciudadano, entre 2018 y 2019 ha habido unos 180 militares que han sido privados de su libertad por razones políticas.
Patria o cárcel
«La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política».
«Los o las integrantes de la Fuerza Armada Nacional en situación de actividad tienen derecho al sufragio de conformidad con la ley, sin que les esté permitido optar a cargo de elección popular, ni participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político».
Los fragmentos anteriores son extractos de los artículos 328 y 330 de la Constitución de Venezuela.
Sin embargo, el ahora fallecido presidente Hugo Chávez impulsó la identificación de la FANB con su propuesta socialista desde mediados de la década pasada.
Entonces, en los cuarteles venezolanos comenzó a aplicarse el lema de »patria, socialismo o muerte». Y en pocos años, en sus discursos muchos de los generales remarcarían cotidianamente que eran «socialistas, revolucionarios, chavistas y antiimperialistas».
De hecho, en su perfil de Twitter el general Padrino López se define como «soldado bolivariano, decidido y convencido de seguir construyendo la patria socialista».
Rocío San Miguel considera que la FANB se ha convertido en estos años en «el aparato militar de la revolución».
Es una fuerza personalista que no responde al Estado o a la Constitución, sino a partidos y a personas, justo lo que prohíbe la Constitución», apunta.
En su momento, Chávez justificaba el uso del controvertido lema, con el argumento de que los soldados «están conscientes de que sólo por la vía del socialismo tendremos Patria, es un soldado patriota».
Ideologías aparte, Phil Gunson asegura que algunos militares quieren que se mantengan las cosas como están porque están obteniendo beneficios.
«En especial a los de alto rango, a algunos les gustaría que esto continúe porque están haciendo dinero pero también porque están en situaciones muy comprometedoras», dijo.
«Si tu oficial es corrupto y tus cuerpos de inteligencia se mantienen informados sobre quién está robando, entonces construyes grandes expedientes sobre cada individuo lo que hace muy difícil para ellos cambiar de bando», comentó Gunson.
Agregó que hay otros casos de funcionarios que se han visto implicados en violaciones de los derechos humanos y que tienen miedo de que si el gobierno cae, ellos terminen presos.
La oposición ha ofrecido una amnistía para los militares que colaboren a «restituir el orden constitucional» en Venezuela.
Sin embargo, hasta ahora no está completamente claro cuál sería el alcance de esta norma y los expertos han expresado serias dudas de que pueda aplicarse a aquellos acusados de violaciones a los derechos humanos, pues son delitos perseguidos por la legislación internacional y no prescriben.
Guaidó (izq.) ha ofrecido amnistía a los militares, en su intento por acabar con el régimen de Maduro
En sus mensajes públicos, Padrino ha justificado el apoyo de los militares a Maduro en términos completamente distintos a los usados por San Miguel y Gunson.
El general ha reivindicado la legalidad de la elección de Maduro como presidente en mayo de 2018 y lo ha mostrado, por tanto, como un acto de apego a la Carta Magna.
«Hay un liderazgo unido en torno a la Constitución, leyes e instituciones y bajo el mando de @NicolasMaduro, Presidente electo por el pueblo en ejercicio de su soberanía», dijo en un tuit publicado el domingo pasado.
En todo caso, si el apoyo de los militares a Maduro se basara solamente en la obtención de beneficios y prebendas, San Miguel señala que se trataría de un grupo reducido, pues la mayoría de uniformados sufren -como el resto de la población- los rigores de la crisis económica venezolana.
«97% de la FANB está afectada de la misma manera como lo está el resto de la sociedad. 3% restante son personas de la FANB que tienen acceso a enormes fuentes de recursos económicos por distintas vías, legales e ilegales», asegura.
La experta indica que aún no se sabe qué rumbo tomarán los militares ante la nueva coyuntura.
«Le puedo asegurar que la crisis es de una magnitud enorme en el seno de la Fuerza Armada. Queda por ver si la FANB encuentra una forma de expresarse en su apoyo al resto de la población. Eso no necesariamente tiene que ser un pronunciamiento militar. Otra forma sería dejar de reprimir a la población», concluye.
