Para reivindicarse ante las víctimas y recuperar credibilidad como organismo internacional, la ONU está obligada a consignar la actualización del informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos ante el fiscal de la CPI y exigir celeridad en la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
El contenido del tercer informe de la misión que se conoció la semana pasada confirma los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela en el año 2017.
Es imposible borrar las huellas de la represión sin límites, detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos y degradantes con torturas impregnadas de odio y resentimiento, desapariciones forzadas y asesinatos ejecutados por los componentes integrantes del «Letal Plan Zamora» en contra de los manifestantes.
Los gritos de dolor con lágrimas de los presos políticos víctimas de las torturas ejecutadas por funcionarios en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) no hay maquillaje que los oculte.
El sistema de justicia es el primer responsable por no procesar penalmente a los responsables y mantener la cadena de mando como intocable. Como siempre lo he dicho, es necesario el sistema que recupere su autonomía e independencia como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
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