Juan Requesens recibió este 4 de agosto una condena a ocho años de prisión, vinculado por el sistema de justicia del chavismo con el supuesto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro y otros altos funcionarios ocurrido el 4 de agosto de 2018. Se trató de un atentado con drones cargados de explosivos, según la versión del oficialismo.
Cuatro años después de ese hecho, que dio paso a otro recrudecimiento de la persecución contra la dirigencia opositora, finalmente se dictó sentencia luego de un largo proceso que, de acuerdo con lo denunciado por sus abogados y familiares, fue manipulado por Miraflores.
Requesens fue electo diputado a la Asamblea Nacional de 2015 (Táchira/Primero Justicia), cargo que ocupó hasta el día de su detención el 7 de agosto de 2018, cuando funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional lo detuvieron en la casa de sus padres, ubicada al este de Caracas. Lo trasladaron a la sede de la policía política en El Helicoide.
Sin orden judicial y de forma violenta
La organización Acceso a la Justicia dijo que la aprehensión de Requesens se ejecutó sin una orden judicial y de forma violenta. Durante el tiempo en el que estuvo en los calabozos de El Helicoide, al opositor se le vulneraron sus derechos. Sufrió, entre otras cosas, tratos crueles, presunta tortura y violaciones al debido proceso.
“La detención estuvo al margen del Estado de derecho y violó la inmunidad parlamentaria consagrada en el artículo 200 de la Constitución, el cual establece que un diputado solo puede ser detenido en caso de cometer un delito en flagrancia. Y además estipula que se le debe trasladar a su residencia y no a una prisión o la sede de un órgano de seguridad del Estado”, indicó Acceso a la Justicia.
El Partido Socialista Unido de Venezuela ha acusado a Requesens de promover las “protestas violentas” de los años 2014, cuando era líder estudiantil, y de 2016. También de “impulsar el cerco y las sanciones financieras” contra Venezuela. El chavismo ha mantenido una fuerte campaña de desprestigio y de desinformación contra el opositor, tildándolo de vago, injerencista y guerrerista.
Jorge Rodríguez, en ese entonces ministro de Comunicación e Información, difundió el 10 de agosto de 2018 un video en el que Requesens admitió que, supuestamente, puso en contacto a uno de los organizadores del atentado con un funcionario migratorio para que le permitiera la entrada a Venezuela, a petición de Julio Borges. La oposición denunció que al opositor lo amenazaron o drogaron para que grabara esas declaraciones.
Signos de confusión y en ropa interior sucia
Ese mismo día, el periodista Alberto Rodríguez divulgó en Twitter un video en el que aparece Juan Requesens con posibles signos de confusión y en ropa interior sucia, aparentemente de heces. Las condiciones en que se encontraba generaron rechazo, nacional e internacional, por las violaciones de sus derechos humanos.
Al día siguiente, el 11 de agosto, Maduro difundió otro video. En el audiovisual, el opositor aseguró que tuvo contacto con Rayder Alexander Russo, una de las personas señaladas de ser el autor material del hecho. El equipo de defensa de Requesens ha afirmado en todo momento que no existen pruebas fehacientes que vinculen al exparlamentario con la planificación ni la ejecución del supuesto intento de magnicidio.
El 28 de agosto de 2020, Requesens recibió la medida de casa por cárcel luego de 752 días en las celdas de El Helicoide, gracias a negociaciones que encabezó el exgobernador Henrique Capriles, también de Primero Justicia, con el régimen de Maduro. Desde entonces, se encuentra en su residencia, bajo constante vigilancia policial.
Imputado por siete delitos
El Ministerio Público le había imputado siete delitos.
Instigación pública continuada, homicidio calificado en grado de frustración contra Maduro, homicidio calificado en grado de frustración contra los militares de la Guardia Nacional Bolivariana, uso de artefactos explosivos, asociación para delinquir, financiamiento al terrorismo y traición a la patria.
También se ordenó la confiscación de todos sus bienes, tanto muebles como inmuebles, la congelación de cuentas, prohibición de enajenar y gravar.
Joel García aseguró que la institución penal no pudo demostrar responsabilidad en ninguno de los siete delitos. Por lo tanto, afirmó que el dirigente debía ser absuelto aunque admitió que “la justicia en Venezuela está secuestrada” por el chavismo.
La detención es arbitraria
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria determinó en 2019 que la detención del opositor fue arbitraria. En un informe, esa instancia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señaló que el régimen de Maduro viola la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Pidió asimismo a las autoridades venezolanas adoptar las medidas necesarias para remediar la situación y exigió su liberación inmediata. Sugirió además conceder a Requesens el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con los estatutos internacionales.
El Grupo de Trabajo, que analizó cronológicamente el caso, recordó que funcionarios del Sebin abordaron violentamente a Requesens sin identificarse y sin presentar orden judicial.
Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, ha hablado del caso en las presentaciones de sus informes sobre la situación de Venezuela. La expresidenta de Chile ha exigido la liberación inmediata de Requesens. Un exhorto que también ha hecho Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos. Ninguna de las peticiones fueron escuchadas.
Dos de los acusados, Emirlendris Benítez y Yolmer Escalona, recibieron la pena máxima de 30 años de cárcel. Y otro, Juan Rivas, recibió una sentencia a 20 años, según la organización no gubernamental Foro Penal.
Una treintena de personas fue arrestada por este caso, incluido el concejal Fernando Albán, que murió en custodia del servicio de inteligencia el 8 de octubre de 2018.
“Los mataste, Nicolás”
Horas antes de su detención, Juan Requesens dio un crudo discurso en el Hemiciclo de Sesiones de la Asamblea Nacional. Rechazó la represión y los crímenes que se cometieron en las protestas. Condenó las precarias condiciones de los venezolanos. También llamó “asesino” a Nicolás Maduro y lo acusó de pretender mantenerse en el poder a costa de las muertes de los venezolanos.
“No hay otra forma de poder transmitir la desgracia que nosotros estamos viviendo en Venezuela por culpa de unos carajos que están aferrados a mantenerse en el poder y gobernar sobre los cadáveres de los venezolanos que mueren todos los días en el país. Les puedo garantizar que hemos dado todo, hemos votado, nos hemos abstenido, hemos luchado contra los piquetes de la guardia, hemos soportado las balas, la represión, las amenazas, la persecución. Hay compañeros que están fuera del país”, manifestó según un fragmento de su intervención publicado por Directo a la Fuente (@Directoalafuente).
“Hemos tenido que enterrar a hermanos nuestros. Familiares han tenido que ir a misa cada año, cada vez, cada semana, porque a su muchacho se lo mataron en una manifestación. Eso no nos lo contaron, eso no es un cuento. Eso nosotros lo vivimos, lo sufrimos, lo sentimos porque se murieron al lado nuestro. ¿Y a mí Nicolás Maduro me va a decir que yo no puedo protestar, que yo no puedo manifestar, que no puedo hablar duro, que no puedo señalar y que yo no puedo decir que son una parranda de asesinos corruptos ligados a los peores crímenes que ha vivido esta República? ¡Claro que lo voy a seguir diciendo y lo voy a decir cada vez que pueda! ¡Y los voy a señalar! Porque el alma de los políticos es la fuerza, es la voz y las ganas de cambiar. Me niego a arrodillarme frente a los que hoy pretenden quebrarnos la moral”, agregó.
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