Santiago Canton, exsecretario ejecutivo de la CIDH y director del Programa de Estado de Derecho en el Diálogo Interamericano, afirmó que la colaboración de la sociedad civil es crucial para la investigación de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad en el país, anunciada el 3 de noviembre.
“Todos los actores relevantes de Venezuela, en particular de la sociedad civil, serán cruciales para los pasos que se empiezan a dar”, explicó Canton durante el foro “Gran Corrupción e impacto en los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y en la crisis humanitaria”.
“A partir de la apertura de la investigación habría que buscar los crímenes individuales y los responsables de esos crímenes. Es la etapa que empieza ahora. La sociedad civil venezolana tiene que estar en eso, ya se han enviado varios casos, pero esto debe continuar”, añadió.
Explicó que en la etapa previa se definieron crímenes como tortura, persecución, violencia sexual o violación, pero, continuó, esto no significa que en esta nueva etapa, la de investigación, no se vayan a abrir otros delitos de lesa humanidad. “Entre ellos, por ejemplo, el de ejecuciones extrajudiciales, que no figura en la etapa previa. Pero sé que hay varias organizaciones que lo han estado trabajando. Creo que es un tema que debe ser incorporado”.
Otro asunto que debería tomarse en cuenta es el de la corrupción y los derechos humanos, que es difícil de comprobar. “Hay informes publicados, hay análisis teóricos detrás de la vinculación entre corrupción y derechos humanos, pero cuando se llega a la línea de las decisiones judiciales hay un vacío absoluto”.
“Se hace difícil determinar que una persona no recibió buena atención médica porque, por culpa de la corrupción, no estaban los aparatos para curarlo”, explicó Canton.
No hay, dijo, una tipificación específica en el Estatuto de Roma en este punto, así que habría que buscarla por medio de analogías con algunos artículos que están en el tratado.
Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, dijo que en este tema no solo es difícil identificar a la víctima sino incluso quién es el responsable. “Hemos estado trabajando en eso al apoyarnos en las organizaciones que trabajan en salud, alimentación, donde además son más claras y dolorosas las violaciones y las consecuencias de la corrupción”.
De Freitas indicó que hay otro nivel que permite señalar la responsabilidad del Estado al usar de forma discrecional los bienes públicos, algo que termina impactando a la población. “No es menor que la población sepa dónde está la responsabilidad, quitarle la máscara al Estado venezolano”, dijo.
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