El modelo económico-social ha venido siendo implementado por el régimen chavomadurista sin medir cabalmente las consecuencias, los problemas y las dificultades que se podrían causar a lo que debería ser un sano desenvolvimiento de la economía nacional. Dicho modelo entró, virtualmente desde el mismo momento en que se inició su aplicación, en una etapa de estancamiento y regresión.
La subsecuente crisis generada por la aplicación de medidas tan desacertadas como las contempladas en el modelo es, tal vez, la más integral que hemos padecido en el transcurso de nuestra historia. En efecto, su aplicación altera, afecta y desequilibra a todas las variables y ello compromete seriamente las posibilidades de recuperación hacia el corto y mediano plazo.
Veamos brevemente algunos rasgos de las políticas aplicadas por el régimen desde que tomó el poder, así como algunas consecuencias de la aplicación de las mismas:
Controles de precios, límite a las ganancias obtenidas en la actividad económica privada; el Estado como único y principal controlador y gestor de la actividad económica; el Estado centralizador del comercio exterior (importaciones y exportaciones) a través del Cencoex y la Corporación Venezolana de Comercio Exterior.
Marco jurídico para la actividad económica sancionado, regido y reglamentado por leyes habilitantes y decretos gubernamentales que le han conferido gran precariedad e incertidumbre a la actividad económica y a las posibilidades de inversión para la realización de nuevos proyectos y ampliación productiva de los desarrollos existentes.
Gran proliferación de restricciones y regulaciones de diversos tipos a la iniciativa privada nacional y extranjera y a la actividad productiva pública y privada.
El régimen, desde que se instaló en el poder, se ha creído capaz de acotar permanentemente la demanda por divisas, impidiendo la acción de las fuerzas económicas. Instrumentaron un sistema de controles para intervenir directamente en el mercado de divisas y prohibir su libre cambio, buscando mantener su precio fijo. Ocurre, sobre todo, debido a que en Venezuela el Estado controla la oferta de divisas y raciona su venta a un tipo de cambio establecido, con base en criterios fijados según sus objetivos de política. Es decir, control total y centralización del Estado sobre la tenencia de divisas. Se dio la paradoja de gran auge de la actividad económica procedente de la actividad petrolera y la aplicación simultánea de un restrictivo control de cambios a las transacciones en divisas. Cencoex, Sicad I y II, Simadi fueron creados para el régimen para el control político de la tasa de cambio, las divisas y los precios. Pero el control de cambio no solo propició la corrupción. Las distorsiones provocadas tuvieron un costo económico creciente, desalentando la inversión productiva y estimulando una fuga de capitales para poner a salvo ahorros y activos. El régimen irresponsablemente se endeudó significativamente con el extranjero para compensar estas salidas.
Políticas fiscal y monetaria inconsistentes e hiperexpansivas del gasto público y de la liquidez en la economía nacional, dando lugar a la creación de un modelo rentístico que no generaba riqueza.
Gran distancia entre la retórica gubernamental y realizaciones concretas. Manipulación y ocultamiento gubernamental de las estadísticas económicas. Incumplimiento sistemático del Banco Central de sus responsabilidades legales en cuanto al suministro de información económica.
Durante el tiempo en que se han aplicado algunas de las políticas señaladas, los niveles de inflación que hemos soportado en el país han sido superiores al 100% anual y en determinadas ocasiones, superiores a los cinco dígitos, produciéndose el inconveniente fenómeno que los niveles de inflación mensual en Venezuela hayan sido superiores a los niveles de inflación anualizada de la mayoría de los países latinoamericanos.
Se registran en estos tiempos altas tasas de devaluación del bolívar con los consecuentes efectos negativos que han afectado la solvencia y capacidad de consumo de los habitantes de este país. Las referidas tasas de devaluación originaron en su momento la vigencia de varios tipos y tasas de cambio controlados por el gobierno y la aparición de un tipo de cambio, denominado paralelo, cuya cotización se establece por el cruce de oferta y demanda, pero cuyo precio es superior al de los controlados y se ha constituido en el índice marcador de los precios internos.
Financiación del déficit fiscal del gobierno central, de Pdvsa y otras empresas del Estado de forma inorgánica. Ante la imposibilidad de acudir a los mercados financieros internacionales y la merma en los ingresos provenientes del petróleo y de la economía doméstica, el régimen recurrió al financiamiento monetario –la “maquinita” del BCV– para financiar sus déficits. Instaló, así, un terrible motor inflacionario, que terminó de arruinar la economía, destruyó puestos de trabajo, sepultó el poder adquisitivo de la población y disparó a niveles estratosféricos la cotización de la divisa en el mercado paralelo.
Ante tal cúmulo de distorsiones, desaciertos y negligencias de política, lo que ha logrado el régimen con la emisión inorgánica del BCV es una fuerte declinación del crecimiento del producto interno bruto, caída de la disponibilidad y cuantía de las reservas internacionales, caída de las importaciones privadas y crecimiento de las importaciones públicas, lo que se refleja en la creciente insuficiencia de la oferta nacional.
La destrucción de la capacidad de producción de Pdvsa, la fuerte disminución de las exportaciones no petroleras han causado una mayor dependencia de la economía venezolana a una producción y exportación petrolera declinantes. Muy vinculados con esta situación están los subsidios que el régimen ha tenido que adoptar para la gasolina y el diésel que se consume en el país; subsidios muy caros para el erario nacional, lo que conjuntamente con la caída de la producción interna de dichos productos generan recurrentes episodios de escasez.
El régimen se endeudó significativamente con el extranjero para compensar las fuertes salidas de capital, ocasionadas por el desacertado manejo de la economía nacional. Por otra parte, los altos niveles de la deuda externa venezolana, porcentualmente superiores al 30% del valor del PIB, indican los serios problemas que confronta la economía nacional para pagar el oneroso servicio de la referida deuda. De allí los muchos litigios que se ventilan contra el país en tribunales internacionales por incumplimientos en la cancelación oportuna de las obligaciones contraídas. Ello, a su vez, ha determinado un crecimiento inusitado del riesgo país de Venezuela que lo sitúa entre uno de los más altos del mundo lo que se ha traducido en mayores dificultades para la obtención de eventuales financiamientos externos, su notable encarecimiento y obviamente el endurecimiento de las exigencias de las condiciones para el repago de la deuda venezolana.
Destacan también los retrasos e incumplimientos por parte del régimen en el pago de su deuda con el sector privado nacional que comprende rubros tales como importaciones no liquidadas desde la época del control del cambio, dividendos no pagados, indemnizaciones por expropiación de activos, liquidación de servicios de seguro, transporte, etc.
La caída de ingresos al país por concepto de inversiones extranjeras, es dramática; según cifras de la Unctad, de los ingresos generados por las inversiones extranjeras en Suramérica, para el año 2020, los más bajos corresponden a los captados por Venezuela, aproximadamente 2% del total.
Asimismo, a pesar de la gran opacidad informativa del Instituto Nacional del Empleo (INE), no podemos ignorar la fuerte reducción de puestos de trabajo que se ha producido en dicho sector (la tasa de desempleo se ubica alrededor de 50,3%), la baja productividad de la mano de obra y el incremento del ausentismo laboral. El sector público, en vista de las dificultades que el régimen le ha creado al sector privado, se ha convertido en el mayor generador de empleos en la economía venezolana.
En cuanto a la Formación Bruta de Capital Fijo, en Venezuela predomina la inversión pública; la privada muestra fuerte declinación a través del tiempo. Ambas se orientan fundamentalmente hacia la construcción y edificaciones en detrimento de la inversión en maquinarias y equipos, lo que involucra la relativa inamovilidad y retraso tecnológico del aparato productivo nacional.
Lamentablemente, ante las arbitrariedades y disparates del chavomadurismo en el poder, la economía ya había tenido que ajustar su interacción con el mundo por otras vías: contrayendo en forma drástica el consumo doméstico, eliminando la inversión, deprimiendo el salario real y alentando la salida de casi 6 millones de compatriotas, que ahora transfieren divisas desde el extranjero a sus familiares. En este proceso, se liquidó el bolívar como medio de pago, depositario de valor y unidad de cuenta
La única solución es la mejora acelerada de la productividad y de la competitividad de nuestra economía. Pero eso no ocurrirá sin un programa de estabilización y de ajuste económico creíble que abata la inflación y eche las bases de un marco institucional capaz de transmitir seguridad y previsibilidad. Ello permitirá contraer un generoso empréstito de los organismos financieros multilaterales para encarar las numerosas necesidades derivadas del colapso del Estado, y atraer inversiones productivas en petróleo y en otras áreas. Inversiones en infraestructura, el rescate de los servicios y la modernización de la administración pública, serán imprescindibles para bajar los costos de transacción e incrementar la productividad y, con ello, el nivel general de salarios.
Sin duda que este desolador panorama del presente y futuro de la economía nacional necesita urgentemente ser sometido a terapia intensiva para su tratamiento, pero es obvio que los terapistas que lo atenderán no podrán ser los que hoy medran improductivamente en Miraflores
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