No es un título que refleje un contrasentido. En algún momento se discutió entre los legisladores de España un “impuesto al uso del sol”, vale decir para utilización de paneles solares. Hay, sin embargo, una nueva legislación que deja atrás esa pretensión de “regular” al sol, mucho menos grabarle impuesto alguno, y más bien impulsa el autoconsumo. Entendiendo que 65% de los españoles vive en apartamentos y es complicado tener paneles solares en ellos, ahora pueden agruparse en edificios y será posible tener generación de electricidad a partir del sol para un autoconsumo compartido.
Autoconsumo es, como ya dijimos en anteriores análisis, la capacidad de generar electricidad propia para el consumo y la eventualidad de vender el excedente a la red principal de la ciudad. La nueva regulación española trata de promover pequeñas “plantas solares” que alimenten a edificios o a conjuntos de edificios, que cubra el uso de cada apartamento, iluminación de garaje, escaleras, áreas comunes, etc. Aquí hay la posibilidad de generar para estos inmuebles y vender el excedente eléctrico –de haber tal– a la ciudad o a otro conjunto de edificaciones.
Este concepto ayuda a reducir el consumo de electricidad generada a gas y que es suministrada por la red principal, obviamente ayuda a restringir el uso de la electricidad generada por otra fuente y a disminuir las emisiones de CO2. Pero lo más importante del autoconsumo, en un punto dado, es el ahorro o reducción de la factura eléctrica.
Un dato: en 2018 se instaló 94% más de potencia en España que en 2017 (de acuerdo con la Unión Española Fotovoltaica); la ecuación es simple: menor coste de paneles sumado al autoconsumo dispararon la oferta. La energía fotovoltaica superó la barrera de 5.000 MW instalados en 2018 en España. Ese crecimiento es por el denominado autoconsumo. Aunque pareciera algo insólito, este estuvo penalizado durante años en España: el Estado y su pesada burocracia impedían el desarrollo de este acápite del sector energético. Urge ahora emular –en América Latina– la reglamentación y la regulación que establecen condiciones técnicas y administrativas y regular el autoconsumo compartido y las compensaciones que los particulares podrán recibir por la electricidad que suministren en la red.
Europa tiene una regulación muy clara con relación a la generación eléctrica vía renovable: en todo el continente, en 2018, se instalaron 8.500 MW de potencia fotovoltaica, aunque China sigue liderando con 44.000 MW de nueva potencia solar. Obviamente en la normativa prevalecen la seguridad industrial y las normas de calidad. Tampoco cualquiera puede poner un panel solar y generar electricidad. Hay condiciones técnicas mínimas de operación, mecanismos de compensación entre déficits y superávit de consumidores acogidos al autoconsumo con excedentes para instalaciones hasta de 100 kW y la organización de un registro administrativo.
Todo sea porque el ciudadano tenga mejores oportunidades de acceder a la energía y desde el Estado ayudar a combatir la denominada pobreza energética. Destaco la propuesta –de las muchas que tiene– el partido político Ciudadanos que sobre el particular indica: incentivaremos la producción de energías renovables para autoconsumo y diseñaremos un esquema favorable para la generación distribuida. Simplificaremos, en todo lo posible, los trámites administrativos para las renovables y el autoconsumo, y promoveremos la regulación necesaria. Ojo que todo este avance no es gracias al gobierno socialista de España, sino al empuje de sus capitales privados, de la libre empresa y de la innovación que aún sigue batallando para crear mejores condiciones en el comercio de la energía.
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