La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia divulgó el boletín de diciembre de 2019 sobre la situación general de los derechos humanos en el Zulia, en el que se documentaron los hechos de violencia en que han estado involucrados funcionarios de seguridad del Estado venezolano y que ocasionaron la muerte de al menos 407 personas desde julio hasta diciembre de 2019.
Al sumar los datos del primer semestre, publicados en el boletín de Codhez de junio 2019, en todo el año 2019 en este tipo de hechos violentos han muerto 657 personas calificadas como presuntos delincuentes y 3 funcionarios policiales.
Según el monitoreo hecho por Codhez, a partir de publicaciones de los medios de comunicación de la región, en el primer semestre de 2019, en el estado Zulia se registraron al menos 187 hechos violentos con intervención policial que resultaron en la muerte de 250 personas que fueron calificadas como presuntos delincuentes.
Entre tanto, durante el segundo semestre de ese mismo año, en el Zulia se documentaron 311 hechos violentos con intervención policial en los que murieron 407 personas calificadas como presuntos delincuentes. En estos hechos, también murieron 2 funcionarios. Es decir, en la segunda mitad del año hubo un incremento de estas muertes en 62,80%.
En total, durante el segundo semestre de 2019, se trata de 310 supuestos enfrentamientos entre miembros de diversos cuerpos de seguridad del Estado venezolano, y una persona privada de libertad bajo custodia del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) fue asesinada a golpes.
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Hechos violentos en cifras
El mes del segundo semestre del año en el que se registraron más muertes por esta causa fue septiembre, con 97 víctimas, y el que tuvo menos fue diciembre, con 31. En julio se registraron 58 muertes, en agosto 79 —incluyendo la de dos funcionarios policiales en diferentes hechos—, octubre tuvo 96, y noviembre 48.
En cuanto al rango de edad de las víctimas, de las que se tienen datos, más de la mitad de los casos (67,38%) se trata de personas jóvenes de 30 o menos años de edad. Cabe destacar que, de las 409 personas fallecidas, 407 eran hombres y 2 eran mujeres.
Sobre la participación de los funcionarios, en 168 de los 311 hechos violentos estuvo involucrado algún cuerpo de seguridad nacional (54,02%), resaltando la participación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en 45 de ellos (14,47%), siendo el segundo organismo que acumula más acciones violentas, siendo superado solo por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), que estuvo presente en 72 hechos, casi la cuarta parte del total registrado (23,47%).
Asimismo, 110 de estos correspondieron a operaciones policiales con participación de algún cuerpo de seguridad regional (35,37%) y 53 de los hechos violentos involucraron a policías municipales que son cuerpos administrativos de acción preventiva (17,04%).
Ahora bien, de los 311 hechos violentos que ocurrieron en, al menos, 20 de los 21 municipios que conforman el estado Zulia, 196 ocurrieron en el área metropolitana de Maracaibo, siendo este el municipio con más hechos de violencia policial con más de la tercera parte del total (34,41%), seguido por San Francisco (16, 27%), Baralt (8,04%), La Cañada de Urdaneta (7,07%), Cabimas (5,47%), y Miranda (4,82%).
Es preciso destacar que el 23 de octubre de 2019, el secretario de gobierno del estado Zulia, Lisandro Cabello, en declaraciones a los medios de comunicación, afirmó que había registrado la muerte de más de 100 personas cada semana durante enfrentamientos con funcionarios de seguridad del Estado.
Ante este escenario, Codhez considera, en sintonía con lo establecido en el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, que “existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular las FAES”.
La organización también coincide en lo apuntado por la Oficina de la Alta Comisionada, sobre la existencia de un patrón en estas presuntas ejecuciones extrajudiciales: ocurren contra jóvenes varones en el contexto de operativos de seguridad en barrios marginales, sin que se hayan tomado medidas para prevenir la comisión de estas privaciones arbitrarias de la vida. Antes bien, estas han sido auspiciadas por el alto gobierno.
Por último, Codhez exhorta al Estado venezolano a dar cumplimiento a sus obligaciones de prevención, investigación, sanción y reparación integral a las personas víctimas de violaciones a la vida y al debido proceso, quienes, además, tienen derecho a conocer la verdad.
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