A lo largo de 2019, Venezuela se mantuvo sumida en la crisis, pese a lo cual Nicolás Maduro consolidó su régimen. ¿Cómo lo logró? “Financió el gobierno con oro robado, estableció lucrativas alianzas con oficiales del ejército, autócratas de la asamblea, élites empresariales acaudaladas y grupos criminales, y mantuvo a raya a una oposición incompetente”, publicó InSight Crime en su página web.
En un exhaustivo trabajo la fundación dedicada al estudio del crimen organizado señala que el país parece haber cambiado la dependencia de una materia prima por otra.
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“Mientras la producción petrolera disminuye, el otrora orgulloso miembro de la OPEP se ha volcado a los minerales, en especial el oro, para mantener la solvencia del gobierno. En pocas palabras, el Arco Minero del Orinoco ha sido la alcancía del régimen de Maduro y de su familia. Y en 2019, también se usó para pagar deudas con aliados políticos, atraer a grupos guerrilleros colombianos, y como territorio para la expansión de bandas criminales domésticas que buscaban diversificarse”, indica.
En entrevista con The Washington Post, un ex oficial de inteligencia que desertó en abril de 2019 afirmó que la familia Maduro dirige un negocio ilegal que busca saquear las minas de oro del sur del país, comprando el oro a bajo costo y vendiéndolo en el exterior por medio del Banco Central de Venezuela.
“El hijo del presidente, Nicolás Maduro Guerra, conocido como Nicolasito, dirigía la estructura. Maduro también puso a figuras de confianza a la cabeza de la Compañía General de Minería de Venezuela, Minerven. Cercano a él en estas maquinarias está Alex Saab, ya conocido como uno de los operadores financieros preferidos de la familia Maduro”, explica InSight Crime.
El texto continúa. Se reproduce a continuación:
“(Nicolás) Maduro es el jefe de la empresa criminal. Su misma familia está involucrada en eso”, declaró Manuel Ricardo Cristopher Figuera, general del ejército y ex director del temido Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en entrevista con el Post.
Foto: InSight Crime
Este dinero ilícito perteneciente a Maduro y sus aliados circula por el sistema financiero internacional por medio de sofisticados esquemas de lavado de dinero y una serie de operadores locales y extranjeros, que han logrado eludir un creciente número de sanciones contra Caracas. Otros estados, como Rusia, contribuyen a blanquear las rentas criminales.
Maduro también ha acuerpado activamente, o quizás incluso atraído, elementos de grupos guerrilleros colombianos, como las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (ex-FARC Mafia) y del Ejército de Liberación (ELN) para la extracción de oro en Venezuela. Ellos han abastecido los activos en oro de los que se deshicieron las élites del gobierno, con lo cual eluden las sanciones extranjeras.
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Este suministro de oro es esencial para la permanencia de Maduro en el poder, pues le permite cumplir con la nómina estatal, untarles la mano a sus subordinados y proveerle las divisas extranjeras que tanto necesita.
Según un informe de Transparencia Venezuela, “en total, por diversas rutas […] entre 1998 y 2016 se perdió oro por valor de US$3.000 millones, ya fuera por Aruba, Curazao y Bonaire, por Holanda y Bélgica, o por Estados Unidos, Suiza, Emiratos Árabes Unidos y China. El desangre del Arco Minero del Orinoco fue sustancial”.
Ese dinero parece ser la punta del iceberg. En octubre, Maduro prometió transferir el control de una mina de oro a cada gobernador aliado para ayudar a financiar los presupuestos locales. Según el presidente, esto era necesario por la presión de las sanciones estadounidenses y daría a las administraciones estatales acceso a millones de dólares mensuales en riqueza mineral. Por fuera del programa quedaron los gobiernos de estados en manos de la oposición.
Sin embargo, el mandatario no dio detalles sobre el funcionamiento o la veeduría de este proceso. Parece que dichas transferencias, si se dan, representarían actos de corrupción sancionada por el Estado, a cambio de fidelidad. Pero aunque Maduro pueda ver esto como una manera de retener las lealtades políticas locales, ceder esas fuentes de financiamiento disponibles a los gobernadores de cada estado corre el riesgo de acelerar la consolidación de feudos criminales locales.
Es difícil obtener estimativos precisos de la cantidad de oro saqueado de las minas de Venezuela, pero el expolio no hizo más que empeorar durante 2019. Con la mayor supervisión de la industria de oro en Venezuela, como producto de las sanciones, se han usado más rutas ilegales y clandestinas para el traslado de los lingotes.
Y con la mayor vigilancia sobre empresas sospechosas de mantener nexos comerciales con el gobierno venezolano parece estarse dando una libre competencia, en la que se ocultan cientos de kilogramos de oro en aviones individuales con destino a Estados Unidos, Suiza, Turquía, Dubái y otros.
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Tampoco Maduro o su círculo más cercano han renunciado a recuperar el oro incautado en el exterior. En octubre, se conoció que un banquero británico discutía con delegados del gobierno venezolano el improbable escenario para recuperar cerca de US$1.500 millones de oro venezolano retenidos por el Banco de Inglaterra. Aunque no es claro cómo esas incautaciones han afectado las reservas en el exterior de las élites venezolanas, las sumas que se mueven indican que están dispuestos a asumir el riesgo.
Impunidad para redes criminales en casa y en el exterior
En un momento en que el gobierno colombiano adopta una postura más firme contra Venezuela, incluyendo la presión para que Estados Unidos intervenga, Maduro busca disuasores. La autorización a actores criminales, tanto nacionales como internacionales, para que crezcan con impunidad calculada ha sido el comienzo.
En 2019, la cálida acogida que dio el gobierno venezolano al ELN y a las ex-FARC contribuyó a convertir al primero en un grupo colombovenezolano, y las ex-FARC también están estableciendo una fuerte presencia en el país y reclutando a venezolanos desesperados.
Infografía: InSight Crime
La muestra más patente de esta acogida se observó en el mes de julio, cuando Maduro llamó a los exjefes de las FARC, Iván Márquez y Jesús Santrich, “líderes de la paz” y afirmó que era bienvenidos en Venezuela. Un mes después, al lado de sus camaradas combatientes, los dos comandantes anunciaban el abandono del proceso de paz y su retorno a las armas. En su discurso, Márquez mencionó una posible alianza con el ELN, una noción que facilita a ambos grupos la operación impune en suelo venezolano.
Maduro ha dado a estas guerrillas, especialmente a las ex-FARC Mafia, un firme control del narcotráfico internacional, lo que ha contribuido a la creación de numerosos canales para el envío de cocaína procedente de Colombia a través de Venezuela hacia Estados Unidos y Europa. Les ha permitido desarrollar la minería ilegal, como una economía criminal muy lucrativa, a la que incluso el ejército brinda protección y transporte a cambio de una tajada de las ganancias.
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Y esas ganancias son cuantiosas. Aislado por las sanciones y frente a la posibilidad, si bien remota, de la amenaza de una intervención extranjera, Maduro puede tener que depender de “ejércitos criminales” para defenderse en caso de que ocurra una incursión militar. Y con la incertidumbre de Estados Unidos y Colombia de hasta dónde exactamente llegan esas relaciones, Maduro se erige como un oponente impredecible y resiliente.
Esto también pone a Colombia y a la administración del presidente Iván Duque a la defensiva. Aunque se han ofrecido cuantiosas recompensas por Márquez y Jesús Santrich, encontrarlos en Venezuela es tarea difícil. Por el momento parece que el apoyo de Maduro a estos grupos criminales no ha pasado de refugio y logística, pero cualquier nueva amenaza de Colombia o su aliado Estados Unidos podría llevar a que este les brindara también armamento.
Más aún, sacar a Maduro del poder no elimina necesariamente esta amenaza. La presencia de grupos armados irregulares involucrados en narcotráfico puede hacer incontrolable el conflicto civil más adelante, de manera similar a lo que se observa en la vecina Colombia.
En casa, el régimen de Maduro ha hecho acopio cuidadoso de una red de lealtades con los grupos irregulares y criminales de Venezuela, y con grupos paramilitares conocidos como “colectivos”.
La inmediatez con la que puede llamar a la acción a estos grupos quedó demostrada en 2019. Cuando el legislador de la oposición Juan Guaidó se declaró “presidente interino” de Venezuela y fue reconocido por Estados Unidos, una de las primeras medidas de Maduro fue pedir el apoyo de los colectivos. Varias de estas organizaciones salieron a las calles en señal de respaldo, y se constituyeron en una fuerza de ataque dirigida por Maduro, disgregando violentamente las protestas de la oposición y empleando otras tácticas de amedrentamiento. En febrero, InSight Crime señaló al Colectivo de Seguridad Fronteriza en el estado limítrofe de Táchira, que se desplegó junto con la policía y el ejército, y cuyos miembros trabajaron para impedir el ingreso de ayuda humanitaria procedente de Colombia.
Pero no hay certeza sobre la firmeza de la lealtad de estos grupos hacia Maduro. Aunque los colectivos han apoyado al presidente en confrontaciones decisivas, como la de la ayuda exterior, la financiación gubernamental también se ha agotado, lo que ha empujado a los colectivos a intensificar en mayor grado sus actividades extorsivas y de narcotráfico. Una investigación realizada por InSight Crime en 2018 halló que ciertos miembros de los colectivos aún mostraban reverencia hacia Chávez, pero guardaban poco respeto por su sucesor, a quien consideran un traidor de los “principios revolucionarios”.
Junto a los colectivos, las megabandas (bandas venezolanas conformadas hasta por más de 100 miembros) han ampliado sus horizontes criminales dentro y más allá de sus fronteras. Una por encima de todas, el Tren de Aragua, creció bastante en 2019, al expandirse mucho más allá de su provincia natal de Aragua y establecerse en Brasil, Colombia y Perú. El gobierno no ha hecho nada para detener la propagación de esta agrupación, aun cuando tuvo que ver con el homicidio de un alto general del ejército a pocos kilómetros de la prisión de Tocorón.
Por su parte, la directora del sistema penitenciario de Venezuela, Iris Varela, no ha ocultado su creencia de que los presos también deben usarse en defensa del gobierno de Maduro. En una entrevista concedida a InSight Crime en julio de 2019, Varela afirmó que hasta 45.000 reclusos podrían defender a Venezuela de una intervención militar extranjera. Expertos en seguridad también dijeron a InSight Crime que Varela mantiene comunicación con el cabecilla de El Tren de Aragua, Niño Guerrero, en la prisión de Tocorón.
Pasos en falso de la oposición
Las autoridades internacionales no se han quedado quietas. En junio, el Departamento del Tesoro estadounidense añadió a Maduro Guerra a su lista de sancionados por su ayuda “a sostener el régimen”. En agosto, Walter, Yosser y Yoswal Gavidia Flores los tres hijos de la esposa de Maduro, Cilia Flores, también fueron señalados. Pero viendo cómo Maduro y su red de aliados se las han arreglado para eludir las sanciones mediante una serie de economías criminales, estas sanciones podrían resultar ineficaces en su mayoría.
La oposición política en Venezuela también echó a perder algunas oportunidades. Aunque más de 50 países reconocieron a Guaidó como “líder interino” de Venezuela, la oposición nunca se unió por completo. En febrero, cuando Guaidó se comprometió a llevar al país la ayuda humanitaria enviada por la comunidad internacional, Maduro movilizó a colectivos que bloquearon puentes y cruces fronterizos hacia Venezuela. La ayuda nunca ingresó.
Foto: InSight Crime
En abril, Guaidó convocó al ejército y a la población general para que salieran con él a las calles. La multitud llegó a sumar unos cuantos miles, pero las unidades militares nunca se materializaron. Maduro exultante proclamó que Venezuela nunca se sometería a las “fuerzas imperialistas”.
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En septiembre, Guaidó fue fotografiado con líderes de la agrupación criminal colombiana Los Rastrojos, quienes participan activamente en contrabando y tráfico de personas a lo largo de la frontera entre Venezuela y Colombia. No hay indicios de que Guaidó tuviera relación con Los Rastrojos aparte de negociar el paso por un territorio bajo su control, pero las imágenes fueron aun así incriminatorias.
Finalmente, en diciembre, se denunció que nueve legisladores de tres partidos de la oposición presuntamente defendieron los intereses de un colombiano acusado de corrupción, con estrechos nexos con el gobierno de Maduro y con Alex Saab.
Aislados, puede que estos elementos no hayan reforzado especialmente la posición de Maduro. Pero como patrón de errores, debilitaron gravemente los intentos de Guaidó por mostrarse más limpio y legítimo que el régimen criminal en el poder.
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