La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenó los episodios violentos vividos el pasado fin de semana en Venezuela y en sus fronteras con Brasil y Colombia.
«Estas son escenas deplorables. El oficialismo debe obligar a los cuerpos de seguridad a dejar de emplear el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes desarmados y ciudadanos comunes», afirmó la también ex presidenta de Chile en relación a los cuatro muertos y decenas de heridos el fin de semana, cuando fuerzas afines al presidente Nicolás Maduro bloquearon el intento de ingreso de la ayuda humanitaria organizado por la oposición.
La oficina de Bachelet ha recibido informes «de varios incidentes violentos, en algunos casos prolongados» por parte de las fuerzas de seguridad, pero también otros que «apuntan al involucramiento de grupos armados progubernamentales en los ataques violentos en contra de manifestantes», según un comunicado.
Bachelet, que se refería a los llamados «colectivos», (grupos de civiles armados que actúan en Venezuela a favor del oficialismo), urgió a Maduro a «frenar estos grupos y arrestar» a quienes atacaron a manifestantes.
«El uso de las fuerzas paramilitares o parapoliciales tiene una larga y siniestra historia en la región», dijo Bachelet.
«Y es muy alarmante verlas operar de manera tan clara en Venezuela. El oficialismo puede y debe frenar que estos grupos sigan exacerbando una situación ya de pos sí altamente inflamable», concluyó.
Los llamados «colectivos» son acusados de actuar armados en apoyo a Nicolás Maduro| AFP
Antes de que Bachelet asumiera la dirección del Alto Comisionado, el organismo de Naciones Unidas ya había condenado en varias ocasiones el uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad de Venezuela.
La oposición, en pleno conflicto político con el gobierno de Maduro, ha denunciado violaciones de derechos humanos constantes.
En febrero del año pasado, la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, decidió abrir un «examen preliminar» sobre la situación en Venezuela para evaluar «presuntos crímenes que pudieran ser competencia de la CPI».
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