El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció ante la alta comisionada de los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, y el relator especial sobre independencia de jueces y abogados, Diego García Sayán, el traslado de 30 presos de la cárcel de Santa Ana, estado Táchira, al puente Las Tienditas, en la frontera con Colombia, durante los sucesos registrados el 23 de febrero pasado, informó Humberto Prado, director general del OVP.
En un acto en el que estuvo Iris Varela uno de los presos señaló:
“Nosotros decidimos ser libres y vamos a ser libres. Nosotros no nos arrodillamos ante ningún imperio yanqui. Hoy, por los momentos, estamos privados de libertad pero mañana estaremos en la calle para ayudar al ciudadano presidente Nicolás Maduro y a usted ministra a defender esta patria sagrada”.
Prado dijo que el objetivo de la comunicación enviada a Bachelet es informarle sobre el traslado irregular de presos sin la autorización de los jueces que tienen los expedientes.
En la denuncia le indican a Bachelet los detalles de la situación que se registra en los penales, donde se llevan a cabo actividades de ideologización y orden cerrado.
“La idea es que llame la atención al Estado venezolano con el fin de que se elimine ese tipo de formación a la población reclusa y que cumpla funciones de reinserción social”, expresó Prado.
A García Sayán le piden que también envíe una comunicación sobre ese tipo de jornadas y acerca de las irregularidades que se cometen en el servicio penitenciario venezolano.
Recordó que desde 2012, la organización que dirige ha venido denunciando la ejecución de actividades de orden cerrado en algunas cárceles.
En 2014 el OVP presentó la denuncia en Naciones Unidas, en audiencias del Comité contra la Tortura. Los integrantes del comité aprobaron una resolución y en el numeral 14, letra D, le dicen al Estado que “evite la instrucción militar de la población penal e incremente las actividades destinadas a la reinserción social”.
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