La organización no gubernamental Transparencia Venezuela ofreció hoy los datos de una investigación en la que se determinó que el Estado venezolano es propietario de 526 empresas, muchas de las cuales, incluyendo la estatal petrolera, arrojaron en 2016 pérdidas millonarias.
El análisis determinó que desde 2001 hasta mediados de 2017, durante los Gobiernos de Hugo Chávez (1999-2013) y del actual presidente, Nicolás Maduro, el Estado venezolano pasó de tener 74 empresas a ser dueño de 526 lo que indica que posee 10 veces más compañías estatales que Argentina y cuatro veces más que Brasil.
A lo largo de todos esos años la llamada revolución bolivariana impulsada por Chávez y que ahora continúa Maduro, se ha hecho con estas empresas a través de la expropiaciones, confiscaciones, nacionalizaciones, «reestatizaciones», renegociación de asociaciones estratégicas o nuevas creaciones.
La investigación se concentró en ocho empresas de los sectores petróleo, manufactura, agroalimentario, financiero y eléctrico que en 2016 arrojaron pérdidas por 1,29 billones de bolívares lo que equivale, al cambio oficial más alto, a unos 386 millones de dólares.
«Este dinero supera el gasto que se hizo en salud en todo el año 2016, supera el gasto que se hizo en educación en todo el año 2016, supera el gasto que se hizo en vivienda», dijo a periodistas la doctora en Economía Christi Rangel que coordinó la investigación.
La también especialista en Hacienda Pública indicó que dos de las empresas «con mayores pérdidas» fueron Petróleos de Venezuela (PDVSA), que estimó pérdidas de 775.000 millones de bolívares (232 millones de dólares) y la central de electricidad Corpoelec con 149.000 millones de bolívares (45 millones de dólares).
«En términos generales, el resultado, los elementos comunes de la mirada que se hizo a cada uno de estos sectores, es que la producción decreció en todos estos casos, mientras las nóminas aumentaron de manera importante», señaló Rangel.
La investigación también incluye una medición en estas empresas estatales del índice de «cleptocracia», un sistema político que tiene como fin el robo de capital o institucionalización de la corrupción.
«Quisimos hacer esta medición considerando cuatro componentes que nos permitieran evaluar el apego de estas empresas a la transparencia, si llevaban adelante políticas internas anticorrupción, si llevaban adelante su gestión con autonomía e independencia de las gerencias políticas», explicó.
Para esta medición se preparó un instrumento con interrogantes sobre estos componentes y se propusieron hacer visitas a 50 empresas aunque solo 30 accedieron a responder y, en algunos casos, lo hicieron con voceros que solo quisieron responder bajo la figura del anonimato.
En una escala de 0 a 100 puntos estas 30 empresas «sacaron solo 25 puntos en transparencia, 27 en autonomía e independencia, las políticas anticorrupción solo 18 puntos y justicia e impunidad 29 puntos». De acuerdo con estos resultados, dice Rangel, «las empresas están bastante lejos de lograr los estándares mínimos que exigen algunas de nuestras normas contra la ley contra la corrupción, la ley orgánica de administración financiera».
En esta presentación se resalta que en 1999 Venezuela cubría 99,96% de la demanda interna de azúcar, poco tiempo después el Estado se hizo con 10 de los 16 centrales azucareros del país y en 2015 solo se pudo satisfacer 25,6% del consumo nacional.
También se subraya que en 2009 el Ejecutivo expropió las dos principales procesadoras de café del país «con lo que pasó a manejar el 80% de la producción nacional» y que en 2016 la escasez de este producto llegó a 84% «y se hizo necesario importar el café a un dólar impagable».
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