Toda posibilidad de diálogo parece haber muerto entre el gobierno español y la Generalitat. El presidente Mariano Rajoy continúaempecinado en intervenir Cataluña, mientras que el líder independentista Carles Puigdemont se rehúsa a presentarse en el Senado antes de que este autorice la toma de control de esa región.
“No irá ni el jueves ni el viernes” a la Cámara Alta, indicó una portavoz del mandatario catalán, que explicó que la negativa se debe a que el gobierno español está decidido de todos modos a tomar el control de Cataluña para atajar el desafío secesionista.
Puigdemont convocó a su gobierno en la sede del gobierno para preparar su intervención ante el Parlamento catalán, que se reunirá hoy, a las 5:00 pm.
A las puertas de la Generalitat se concentraron al anochecer centenares de partidarios de la independencia, como un preludio de las movilizaciones que pueden producirse hoy y mañana, días decisivos.
La sesión del Parlamento catalán podría alargarse hasta mañana y en ella se plantean todos los escenarios, incluida la declaración unilateral de independencia con la que amenaza desde hace semanas el gobierno separatista.
Puigdemont había sido invitado al Senado a presentar sus argumentos contra las medidas anunciadas al amparo del artículo 155 de la Constitución española. Estas incluyen el cese en bloque de su gobierno, la supervisión del Parlamento, la convocatoria de elecciones regionales en un plazo máximo de seis meses y la toma de control de la policía catalana y los medios públicos locales.
La posible comparecencia del líder independentista alumbró la esperanza de un acercamiento. Sin embargo, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, aseguró ante la Cámara Baja que la intervención de Cataluña es la única respuesta posible para detener el desafío separatista. “Me dice que las instituciones catalanas han pedido diálogo y mi respuesta ha sido el 155, y es verdad”, dijo al diputado independentista Joan Tardà, insistiendo en que esa respuesta, la intervención de la autonomía, es la única posible.
La aplicación del artículo 155 abrirá un escenario inédito en una región que representa 19% del PIB español, y en la que la economía se está resintiendo de la incertidumbre política. Desde principios de mes, cerca de 1.500 empresas han decidido sacar de Cataluña su sede social, entre ellas los dos mayores bancos, CaixaBank y Sabadell, según los últimos datos del Colegio de Registradores.
Los partidarios de la secesión no dejan de exigirle que ponga sobre la mesa una declaración unilateral de independencia. Las dos grandes asociaciones separatistas, la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, preparan una gran concentración ante el Parlamento para mañana.
Los medios de comunicación públicos catalanes, que emiten desde hace 34 años, alertaron por su parte sobre la posibilidad de una intervención directa del gobierno central. “La amenaza de intervención de los medios públicos catalanes supone un ataque directo a la ciudadanía y vulnera su derecho de recibir una información veraz, objetiva, plural y equilibrada”, señalaron en uncomunicado.
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