¡Se acabó lo que se daba!

El presidente Maduro anunció que Venezuela abrirá un proceso de refinanciamiento de su deuda externa que los expertos ubican en suma cercana a los 120.000 millones de dólares generada por la República, Pdvsa y algunas otras empresas estatales. En ese monto no se incluyen los atrasos en pagos a proveedores, laudos arbitrales, etc.

No pretendemos aquí definir o aclarar si desde el punto de vista técnico lo que propone el Ejecutivo es un refinanciamiento o una reestructuración, ya que está suficientemente claro que lo que motiva a dar este paso es la falta de recursos para continuar funcionando y menos aún sin cambiar el esquema económico que nos condujo a esta encrucijada. En todo caso la palabra que flota en el ambiente es “default” que implica la cesación de pagos que trae consecuencias muy desfavorables y cuya relevancia no escapa a nadie y no es cuestión de oficialismo u oposición, sino de supervivencia del barco en el que estamos todos a bordo.

Afirman quienes conducen los destinos de la República que esta delicada coyuntura es el resultado de los ataques del capitalismo contra el modelo político venezolano a través de la guerra económica, las sanciones, etc. No parecen tener en cuenta que la marcha hacia el borde del precipicio –a paso de vencedores– fue generada por el estrafalario comportamiento de quienes dilapidaron las astronómicas sumas que ingresaron a Venezuela por cuenta de un recurso –el petróleo– cuyo precio siempre ha sido volátil. Noruega, Arabia Saudita, Emiratos, etc., tomaron precauciones cuando las “vacas gordas”; Venezuela, no.

Es evidente y no se puede negar que las sanciones que acaba de imponer el gobierno norteamericano están contribuyendo al empujón final, y eso que las mismas apenas están en su fase inicial.

No se trata aquí de discurrir acerca de la bondad o maldad de Mr. Trump y su “imperio”. El tema es opinable y seguramente será desmenuzado en profundidad por políticos y analistas. De lo que se trata es de entender que –guste o no– existe una realidad en la que Venezuela es deudora, que ha hecho indecibles esfuerzos por continuar pagando a sus acreedores y que pese a ello “se acabó lo que se daba”.

Para poder refinanciar o reestructurar la deuda hay que tener en cuenta realidades que Venezuela no controla en absoluto y en las que para nada valen bravuconadas ni discursos populistas, ni invocaciones al legado del Eterno. Nuestra única fortaleza, paradójicamente, es nuestra extrema debilidad que, naturalmente, también causa preocupación al acreedor que sabe que si quiere cobrar no puede matar al deudor como pretendía el prestamista Shylock en la obra de Shakespeare El mercader de Venecia.

La mayoría de la deuda es en dólares, está en poder de fondos o personas norteamericanas o no pero que cobran su capital e intereses a través del sistema bancario de Estados Unidos. Seguramente que los llamados “fondos buitres” ya estarán actuando también o pensando en capturar esas acreencias a precio vil para después cobrar sin piedad el precio completo de las mismas como hicieron –con éxito– en el default de Argentina. El momento es propicio para ellos ahora, justamente, cuando la deuda venezolana ha sido descrita como “basura” por las principales calificadoras de riesgo del mundo, incluyendo Dagong Global Credit Rating de China.

La designación de Tareck el Aissami como negociador en jefe acompañado de otros ciudadanos, algunos de los cuales están incluidos también en la “lista negra” norteamericana, es un grave error, casi que una afrenta. En efecto, el representante del deudor tiene prohibida la entrada al domicilio del acreedor y los representantes de los acreedores tienen prohibido por ley de su país entrar en ninguna negociación con El Aissami & Co. Se pregunta uno: ¿cómo irán a conversar?

Las transacciones con bonos de la República y/o de Pdvsa han sido prohibidas en Estados Unidos, y resulta que en Venezuela, en virtud de las disposiciones constitucionales, no pueden haber renovaciones ni nuevos endeudamientos sin la aprobación de la Asamblea Nacional, lo cual no luce como muy probable. En esas condiciones, no pareciera que los acreedores pudieran estar dispuestos a sustituir papeles malos pero legalmente cobrables por otros casi tan malos que serán jurídicamente incobrables con nuevos gobiernos en Venezuela.

Muchas de las obligaciones involucradas en este tema fueron emitidas –legalmente y con la aprobación de la Asamblea Nacional de antes– sujetas a leyes norteamericanas (generalmente Nueva York). Aquí no vale el cuento de la soberanía ni la perversidad del imperio. Quien quiera saber lo que ocurre en estos casos que revise lo que le pasó a Argentina.

Para quienes proponen el “default” (dejar de pagar sin más) como solución de fundamento testicular, bueno es recordarles que en Venezuela Ud. puede decir “exprópiese” sin consecuencia alguna pero resulta que Pdvsa tiene importantísimos activos comerciales en el exterior que –igual como pasó con Argentina– serían inmediatamente inmovilizados o embargados, incluyendo la pérdida del control de Citgo, cuya mayoría accionaria ha sido dada en garantía a la rusa Rosneft. Recordar también los milmillonarios laudos arbitrales definitivos emitidos por el Ciadi y otros foros internacionales los cuales también son ejecutables. De paso, hace apenas dos días el mandatario argentino Macri –héroe o villano, no importa– ha solicitado a su homólogo Trump considerar la posibilidad de prohibir las importaciones de petróleo venezolano a Estados Unidos.

Lo que parece que nuestros próceres no entienden es que en este abanico de opciones Venezuela no lleva las de ganar y menos aún encarando el asunto con representantes vetados en la arena internacional. Asimismo, para todo acreedor, tanto cuando presta recursos como cuando da crédito, su principal –y casi única– consideración es la posibilidad de recuperar su acreencia e intereses en el plazo convenido. Es evidente que si Venezuela no cambia su rumbo económico jamás podrá ofrecer a sus acreedores la percepción de que van a cobrar. Solo Rusia y China –a regañadientes– están dispuestos a ser flexibles en aras de sus intereses hegemónicos en la escena mundial.

Aún resta la solución heroica: “Con hambre y sin empleo con Maduro me resteo”. Argentina hizo exactamente eso. Kirchner se las echó de macho vernáculo y en pleno default quiso imponer condiciones. Lo demás es historia: el país estuvo quince años totalmente aislado del circuito financiero internacional con las dramáticas consecuencias por todos conocidas y que solo han comenzado a ser revertidas cuando aquel país, con modestia y por lo bajito, pudo negociar profesionalmente con los “fondos buitres” y otros tenedores dentro del marco de una sentencia emanada de un tribunal de Nueva York.

Este columnista acostumbra a traer a colación que los temas de la democracia interesan al ciudadano de a pie menos que el precio y disponibilidad de sus alimentos. Pues bien, vayan tomando nota: este asunto sí se reflejará en las necesidades más básicas. Por eso es que la propuesta es negociar profesionalmente con prudencia y sin micrófonos. El gobierno tiene la palabra.

NOTA: Con motivo de la reciente “ley contra el odio” emanada de la constituyente y para no caer en su novedoso esquema, declaro que amo a todos, no odio a nadie aunque, confieso, hay algunos que otros que me caen un poco mal, el resto lo diré en el confesionario.