El personal de Petróleos de Venezuela fue sorprendido el viernes con un mensaje por videoconferencia del presidente de la estatal, general mayor de la Guardia Nacional Bolivariana, Manuel Quevedo. El también ministro de Petróleo ordenó denunciar y señalar a “los escuálidos” que continúan en la industria petrolera, aseguró el dirigente sindical Iván Freites.
“En la visión de que Pdvsa es un cuartel y dentro de la práctica fascista más tradicionalista este mensaje institucionaliza la práctica de la delación e intolerancia entre compañeros de trabajo por razones políticas”, alertó el directivo de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela.
Freites advirtió que con la expulsión de los calificados por el oficialismo como “escuálidos”, Pdvsa sale aún más perjudicada porque se trata de un personal, en la mayoría de los casos, altamente calificado y necesario para reflotar la industria.
Recordó el duro golpe ocasionado por el despido masivo de 20.000 trabajadores en 2003, pues a partir de esa fecha comenzó el declive de las operaciones petroleras que actualmente representa una caída de la producción de crudo de 30.000 barriles diarios todos los meses.
El representante de la Futpv señaló que, con miras a los comicios de alcaldes, las gerencias y direcciones de Pdvsa procedieron el viernes a quitar el carnet de la patria a los trabajadores con la instrucción de que les sería devuelto el domingo cuando acudieran al punto rojo de su centro electoral después de que votaran.
“Sin embargo, la rebeldía se impuso y muchos trabajadores no fueron a recoger el carnet, pese a la amenaza de aplicar sanciones”, dijo Freites.
Destacó que como consecuencia de la persecución política y las malas condiciones laborales, en Pdvsa han renunciado 15.000 personas, y en la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, 9.000 profesionales y técnicos durante 2017.
Servando Carbone, directivo de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, indicó que los empleados públicos también se rebelaron ante la imposición de votar obligatoriamente por los candidatos del oficialismo en las elecciones para alcaldes.
“Muchos trabajadores decidieron abstenerse o votar en contra de los candidatos del gobierno haciendo caso omiso a las llamadas telefónicas, el sábado y el domingo, de las salas situacionales de los organismos y empresas del Estado en las que los conminaban a sufragar y luego registrarse en el punto rojo de control”, expresó el dirigente de Fentrasep.
Empleados públicos, que solicitaron no mencionar sus nombres, señalaron que están cansados del acoso laboral. “Te exigen lealtad cuando te pagan un sueldo y un bono alimentación que no alcanzan para nada. Voté, pero no por la candidata del oficialismo”, dijo una funcionaria de un ministerio.
Otro empleado de un instituto autónomo indicó: “Me llamaron varias veces por el celular. Ni me molesté en ir a votar; que me despidan si quieren”. Una secretaria narró: “Obstina que me recuerden todo el tiempo que le debes el empleo a la revolución cuando tienes más de 20 años de carrera administrativa”.
Los sindicalistas refirieron que ayer hubo un gran ausentismo en el sector público por lo que se sabrá de las posibles sanciones y llamados de atención sobre amenazas laborales a partir de hoy, en lo que el movimiento sindical independiente está vigilante.
Freites advirtió que el gobierno recrudecerá la persecución contra la disidencia chavista y opositora “ahora que se cree dueño del país con la mayoría de las alcaldías en manos del PSUV”. Agregó que la situación que viene es de protestas espontáneas de los trabajadores y el pueblo contra la falta de alimentos y medicinas, la inflación con salarios depauperados, la escasez de gasolina y gas de bombona, y los malos servicios públicos como la basura, la luz y el agua.
Esperan condena de la OIT
La imagen autoritaria y de violación de los derechos humanos del gobierno de Nicolás Maduro será ratificada por la misión de la Organización Internacional del Trabajo que visitará Venezuela en enero próximo, dijo Servando Carbone, directivo de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público.
Destacó que la OIT tiene un grueso expediente con las pruebas aportadas por el movimiento sindical sobre la persecución política a los empleados públicos, la destrucción de un millón de empleos por las malas políticas económicas gubernamentales que ocasionan el cierre u operación a media máquina de miles de empresas, y la permisividad oficial ante el trabajo infantil bajo explotación, ya que 10% de la población de niños vive en la calle y en extrema pobreza.
“Con todas estas denuncias, la OIT condenará una vez más al gobierno venezolano”, dijo Carbone.
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