Cientos de inmigrantes marcharon este domingo por las calles céntricas de Santiago en señal de protesta por el abuso laboral, la violencia y la discriminación que sufren en ese país.
«Chile solidario y no racista», «Somos trabajadores y no delincuentes», «Amnistía migratoria» y «La clase obrera no tiene fronteras», son algunas frases que se podían leer en las pancartas que muchos de los inmigrantes portaban durante la protesta.
La iniciativa arrancó cerca de la Plaza de Armas de Santiago, uno de los lugares más visitados por os turistas, y recorrieron varias manzanas hasta llegar a las cercanías del Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo.
Rodolfo Noriega, presidente de la coordinadora de inmigrantes, dijo a los periodistas que le han hecho llegar más de 500 cartas a la presidenta Michelle Bachelet donde le piden prontas soluciones a los distintos problemas que los afectan como son el abuso laboral, la violencia y la discriminación que sufren algunos extranjeros.
Según datos oficiales, en Chile habitan alrededor de medio millón de inmigrantes, aunque se desconoce todavía la cantidad exacta debido a esa «cifra negra» de indocumentados que preocupa a las autoridades.
«Hoy marchamos no solo por lo que queremos personalmente, sino por el futuro de este país en donde vivimos y aportamos. Debemos luchar para que todos, chilenos y no chilenos, podamos tener un país digno, con educación, con salud, con vivienda, con lo que se merece cualquier ser humano, sin importar su color de piel, ni su raza, ni su pasaporte», añadió.
María Lourdes Cárdenas de nacionalidad paraguaya y que ya lleva doce años en Chile, señaló que se movilizaron porque piden igualdad de condiciones, pero fundamentalmente “queremos que nos respeten los derechos como seres humanos».
Asimismo, los asistentes a la marcha buscan que las autoridades agilicen el proceso de regularización de residencia de más de 200 mil extranjeros que actualmente viven en Chile.
El año pasado, Amnistía Internacional (AI) lanzó la campaña «Chile sin barreras», cuyo objetivo fue pedir al gobierno que dé prioridad a la tramitación de una ley que garantice los derechos de los inmigrantes.
Además, el organismo busca sensibilizar a los parlamentarios y a la ciudadanía en general sobre las continuas vulneraciones que sufren las personas extranjeras que residen en Chile y avanzar en la plena inclusión de todos ellos.
La Ley de Extranjería y Migraciones, promulgada en 1975 durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), es la más antigua de Suramérica y entró en vigencia cuando en el país los extranjeros no superaban las 100.000 personas, cifra que se ha quintuplicado.
De acuerdo a las cifras oficiales, las principales comunidades que residen en Chile son la peruana (30%), colombiana (13,6%), argentina (11,9%), boliviana (10,2%) y ecuatoriana (6,5%), mientras que el resto de latinoamericanos y caribeños alcanzan un 16,5%.
La creciente venida de haitianos se ha convertido en uno de los hitos de la migración hacia el Cono Sur en la región, hasta alcanzar este 2017, las 60.000 personas solo en Chile.
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