Este lunes Nicolás Maduro afirmó que “respeta” al líder demócrata Edmundo González Urrutia por su decisión de exiliarse en España ante las amenazas de su régimen con detenerlo. Incluso lo llamó “embajador” y le deseó que le fuera bien “en su nueva vida”.
Tal declaración contrasta con los insultos y amenazas que expresó el líder chavista después de las elecciones del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral dio como ganador a Maduro pero la oposición, con pruebas en mano publicadas en una página web, alega que González Urrutia venció con amplio margen.
El 30 de julio, a propósito de una serie de protestas espontáneas que dejaron 24 personas fallecidas y miles de detenidos, el mandatario retó al diplomático y le exigió que saliera de donde estaba “escondido” y fuera al Palacio de Miraflores a encontrarse con él.
“Venga por mí, aquí lo espero en Miraflores, señor González Urrutia, no se tarde en llegar, cobarde, venga por mí, cobarde”, dijo el jefe de Estado desde la sede del Ejecutivo, pese a que el opositor no se encontraba resguardado en ese momento en ningún lugar, pues esa misma semana encabezó una actividad en una calle de Caracas, donde reunió a miles de personas que lo apoyaron.
Frente a cientos de seguidores, a quienes pidió movilizarse “todos los días” para “restituir la paz, la tranquilidad y la normalidad”, Maduro sostuvo: “Da la cara, dame la cara a mí, deja de agredir al pueblo, señor cobarde (…) ¿dónde estás escondido, señor cobarde?”.
El mandatario responsabilizó al opositor y a María Corina Machado, su aliada en la campaña presidencial y principal líder de los demócratas, de apoyar actos “terroristas”, en referencia a las protestas en Caracas y otras entidades del país contra el resultado de los comicios presidenciales ofrecido por Elvis Amoroso, presidente del CNE.
Después de esas amenazas empezaron las presiones judiciales. La Fiscalía, controlada por el chavismo, citó a González Urrutia a comparecer ante las autoridades para que respondiera por la publicación de las actas con las que la oposición respalda su victoria en las elecciones del 28 de julio. El diplomático, indicaba la citación, debía responder a una investigación penal por los supuestos delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración.
“Tiene que venir para que hable de su responsabilidad antes del 28 de julio, durante el 28 de julio y después del 28 de julio, por su contumacia y su desobediencia a las autoridades legítimamente constituidas”, declaró al respecto el fiscal general, Tarek William Saab, en referencia a González Urrutia, que también fue declarado en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia por no acudir a las comparecencias a las que fue citado.
Luego la Fiscalía emitió dos citaciones más a las que González Urrutia se negó a asistir. En cambio envió una carta a través de su abogado, José Vicente Haro, en la que solicitó respeto a las garantías procesales que, denunció, no estuvieron presentes en las citaciones del Ministerio Público.
El diplomático señaló en la misiva que su incomparecencia no se debía a un desconocimiento de la institucionalidad jurisdiccional prevista en la Constitución, sino “al convencimiento de la falta de fundamento de tales citaciones y por motivos que atañen al interés público y al recto entendimiento de la ley y el derecho, cuyos fines esenciales son la justicia y la paz”.
“Estimo que tal comparecencia solo podría contribuir a intensificar aún más la tensión social, además de consolidar un contexto de judicialización incriminatoria de la política que todos debemos rechazar”, expresó el opositor.
Resaltó: “No era mi responsabilidad la digitalización, resguardo y publicación de los ejemplares de actas de escrutinio que recibieron nuestros testigos en las mesas de votación”, así como lo declaró en su momento la Plataforma Unitaria Democrática.
Saab, molesto, dijo que la carta de González Urrutia estaba “totalmente fuera de lugar”.
“Está totalmente fuera de lugar la comunicación entregada, para justificar y declararse por encima de la ley y del Estado, porque es un ciudadano normal, común y corriente”, opinó.
Y añadió: “Esta carta marca un precedente muy negativo para el derecho venezolano. Este sector se cree por encima del derecho, de la ley, de la religión”.
Ante la posición del diplomático, un tribunal especializado en delitos relacionados con terrorismo emitió una orden de aprehensión contra el líder demócrata a solicitud de la Fiscalía. El Ministerio Público informó entonces en Instagram que, al concretarse la detención, el candidato debía ser puesto a disposición del ente fiscal, que debía “presentarlo ante (el tribunal) dentro de 48 horas siguientes a su aprehensión”.
Según ese escrito, el fin era celebrar una “audiencia oral en presencia de las partes y resolver lo conducente”, pues el opositor estaba señalado por el Estado de haber cometido varios delitos.
Ante las presiones y amenazas, González Urrutia optó por pedir asilo político en España. Un avión de las Fuerzas Aéreas Españolas se encargó de trasladar al diplomático al país europeo, un momento que desmoralizó a una gran parte de la población que esperaba un cambio en el país.
Ya en España, el diplomático publicó un comunicado en el que afirmó: “Lo he hecho pensando en mi familia y en todas las familias venezolanas en estos momentos de tanta tensión y angustia. Lo he hecho para que cambien las cosas y construyamos una etapa nueva para Venezuela”.
Hizo asimismo un llamado a la política del diálogo y consideró que “solo la democracia y la realización de la voluntad popular puede ser el camino para nuestro futuro como país”, algo en lo que seguirá comprometido.
Ahora mismo, dijo, la libertad de los presos políticos es su gran prioridad y una exigencia irrenunciable.
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