La senadora colombiana Piedad Córdoba Ruiz, fallecida este sábado a los 68 años de edad, tuvo una dilatada carrera marcada por las luchas políticas, las controversias incluso fuera del país y por su activismo en favor de la paz.
Nacida en Medellín en 1955, siempre fue una figura del Partido Liberal, reconocida tanto por sus posturas de izquierda que le granjearon simpatías y antipatías, como por los turbantes de colores vivos que usaba a diario y que convirtió en su marca personal.
«Piedad reunía una serie de atributos que para la sociedad retrograda eran impasables; era mujer y negra y liberal de izquierdas y amante de la paz y hablaba con guerrilleros y militares y proponía la paz y no la guerra y no quería una sociedad paramilitar ni un gobierno de asesinos», así la definió hoy el presidente colombiano, Gustavo Petro.
Después de graduarse como abogada en la Universidad Pontifica Bolivariana de su natal Medellín, a mediados de la década del 80, entró en la política de la mano del dirigente liberal William Jaramillo, quien impulsó su nombre y la llevó a ser concejal de su ciudad, diputada de la Asamblea de Antioquia, representante a la Cámara y finalmente senadora.
Al Senado llegó en 1994 como sucesora de Jaramillo y rápidamente se hizo notar por situarse en el ala más a la izquierda del Partido Liberal con debates sobre los derechos de las minorías y la necesidad de negociar la paz con las guerrillas, lo que la puso en la mira de los grupos paramilitares que por esos años expandían su tenebroso poder.
Vínculos con las FARC
Señalada desde entonces como simpatizante de la guerrilla de las FARC, fue secuestrada el 21 de mayo de 1999 en Medellín por orden de Carlos Castaño, entonces jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quien la mantuvo cautiva durante varias semanas.
«Esto ha sido porque soy una mujer que piensa diferente, que soy de la izquierda», dijo quince años después, en una audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá en la que fueron juzgados varios paramilitares involucrados en su secuestro.
Luchadora incansable por la paz y defensora de las causas populares, Córdoba tuvo que tomar el camino del exilio a raíz del secuestro y se estableció con sus hijos en Canadá, de donde regresó meses después para seguir en la lucha política.
En la primera década de este siglo, especialmente durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), la figura de Córdoba ganó notoriedad por su estrecha amistad con el entonces presidente venezolano Hugo Chávez, lo que la convirtió en blanco de numerosas críticas por la fuerte animadversión que en esa época marcaba la relación entre los dos mandatarios.
Pero fue la amistad con Chávez y su cercanía con la guerrilla de las FARC lo que hizo que Córdoba se convirtiera en mediadora para la liberación de muchos de los secuestrados por ese grupo armado, entre ellos militares y policías, con algunos de los cuales, recién liberados, apareció en Caracas junto con el oficialista.
Desde entonces algunas investigaciones apuntaron a supuestos vínculos suyos con las FARC, e incluso se dijo que en documentos incautados a esa guerrilla se le citaba con el alias de Teodora Bolívar, una sindicación que la acompañó hasta la muerte.
Por esas denuncias, en 2010, el entonces procurador general, Alejandro Ordóñez, la destituyó e inhabilitó por 18 años para ejercer cargos públicos porque supuestamente había «promocionado y colaborado con el grupo al margen de la Ley, FARC».
Conexión con Saab
Apartada del Senado pero no de la política, Córdoba se dedicó al activismo por la paz en diversos foros internacionales donde muchas veces recurrió a descalificaciones contra los gobiernos colombianos de turno y estrechó su amistad con Chávez y luego con Nicolás Maduro.
A Córdoba se le apuntó muchas veces con el dedo como la persona que presentó a Maduro al empresario colombiano Alex Saab, liberado en diciembre de la cárcel por EE UU que lo consideraba «testaferro» del gobierno venezolano.
Según las investigaciones, Saab se enriqueció con la venta con sobreprecio al gobierno de Maduro de alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), una bonanza que, según investigaciones periodísticas, también benefició a Córdoba.
Después de pasar unos años apartada de los debates legislativos, Petro la rescató para que integrara la lista al Senado del oficialista Pacto Histórico en las elecciones de 2022 y aunque fue elegida, problemas de salud la mantuvieron alejada por largos periodos de la actividad política.
«Un procurador fascista la expulsó del Senado y se burló de sus electores, quise resarcir el daño y ayudé a que hiciera parte de la lista del Pacto Histórico, sentí que lo merecía», agregó este sábado el presidente.
En su último período como senadora, Piedad Córdoba tuvo que enfrentar además la extradición a Estados Unidos de su hermano Álvaro, requerido por la Corte del Distrito Sur de Nueva York «por el cargo de concierto para importar narcóticos».
«Muchos ya lo condenaron, yo se los digo, él es inocente y regresará antes de lo que creen», dijo Córdoba cuando fue extraditado su hermano, que el 3 de enero se declaró culpable de uno de los cargos de narcotráfico.
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