El Estudio Jurídico Caucoto Abogados, especializado en causas de derechos humanos, advirtió este sábado que 14 violadores de derechos humanos de la dictadura civil militar de Augusto Pinochet (1973-1990) siguen prófugos de la justicia chilena.
Entre ellos están exmilitares, marinos, carabineros y civiles que formaron parte de los organismos represores del régimen que acabó con la vida de miles de opositores políticos, evadiendo el cumplimiento de penas dictadas por los tribunales del país.
«Los Estados tienen el deber de investigar, juzgar y sancionar los delitos de lesa humanidad, pero este deber no se agota con la mera dictación de un fallo condenatorio: las sentencias deben cumplirse», señaló el estudio, según medios locales.
«Que existan prófugos por cualquier delito, especialmente prófugos por crímenes de lesa humanidad, representa una falta grave a los deberes estatales», añadió el estudio jurídico, y apuntó que los jueces y querellantes en procesos de esta naturaleza «deben extremar las medidas, incluyendo imposición de cautelares, a fin de evitar esta forma de impunidad».
Boric promueve búsqueda de víctimas desaparecidas durante la dictadura de Pinochet
En la lista publicado por Caucoto Abogados figuran criminales involucrados en hechos de alta connotación pública, como el asesinato de Víctor Jara, la ejecución de 38 campesinos de Paine en las afueras de Santiago y el diplomático español Carmelo Soria.
Este año, el gobierno de Gabriel Boric decretó la implementación de una inédita política de búsqueda de víctimas de desaparición forzada durante el régimen pinochetista, que busca esclarecer el destino de los desaparecidos, que se calculan en torno a las 1.469 personas, de las que solo se han encontrado 307.
El proceso incluye, además, rendición de cuentas a la sociedad chilena sobre el avance de estas diligencias, junto con implementar medidas de reparación y garantías de no repetición de la comisión de este tipo de crímenes.
La dictadura de Chile duró 17 años y dejó más de 40.000 víctimas, entre ejecutados, detenidos desaparecidos, prisioneros políticos y torturados, según cifras de la comisión oficial que recopiló testimonios de víctimas y familiares. Más de 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado.
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